El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) presentó su sentencia por la violación de múltiples derechos de los pueblos indígenas ante la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Como sanción al gobierno de Bolivia, el Tribunal dispuso “la paralización inmediata y definitiva” de la construcción de esta vía. Asimismo, exigió la “elaboración y promulgación de una ley que garantice la conservación y protección del TIPNIS, prohíba la construcción de una carretera que atraviese su zona núcleo, a la vez que respete los derechos de los pueblos indígenas que ahí habitan”.
La sentencia también pide detener el avance de la colonización -por parte de un sector productor específico, el de los cocaleros- dentro del territorio, así como la anulación de los proyectos petroleros. También se instó al gobierno boliviano a que cese con “las presiones para disciplinar y controlar a los movimientos sociales, sobre todo a las organizaciones indígenas, lo que afecta gravemente su capacidad de organización y autonomía, afectando su potencialidad para defender la Madre Tierra”. Además, reclamaron que el presidente Evo Morales pida públicamente disculpas, por el daño causado a las organizaciones sociales en los últimos años.
EL TRIBUNAL INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA
El Tribunal está integrado por 26 expertas y expertos en temáticas relacionadas a la protección y respeto de la Naturaleza. Fue creado a partir de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, aprobada por la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que se realizó en Bolivia en 2010, con la participación de representantes de 142 países. Vale señalar que el alcance de sus sentencias es solamente ético.
Entre sus integrantes se encuentra Alberto Acosta, economista y ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador; Blanca Chancoso, lideresa kichwa y educadora de Cotacachi, Ecuador; Cormac Cullinan, abogado e integrante de Earth Democracy Coop, Sudáfrica; Tom Goldtooth, director de la Indigenous Environmental Network de Minnesota, EEUU; Julio César Trujillo, abogado constitucionalista representante de Yasunidos, Ecuador; Elsie Monge, activista de Derechos Humanos y Presidenta de CEDHU y FIDH, Ecuador; Atossa Soltani, fundadora y directora de Amazon Watch, EEUU; Enrique Viale, abogado ambientalista y activista de Argentina; y Tantoo Cardinal, actriz y activista contra las arenas bituminosas, Canadá.
LA CARRETERA QUE CORTA UN PARQUE NACIONAL
El 16 de agosto de 1990 los pueblos indígenas de las tierras bajas bolivianas comenzaron la primera gran marcha indígena del país denominada “Marcha por el Territorio y la Dignidad”. Esta movilización popular, que comenzó en la ciudad de Trinidad y finalizó un mes después en La Paz, logró el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de los primeros Territorios Indígenas de la Amazonía boliviana. Durante los siguientes años, y a raíz de otras demandas históricas que tuvieron expresión en las llamadas guerras del agua y del gas, los movimientos y organizaciones indígenas-populares de Bolivia se consolidaron como los principales protagonistas e impulsores del proceso de cambio que culminó en diciembre de 2005 con la llegada al gobierno del primer presidente indígena, Evo Morales.
Para facilitar la aprobación, el proyecto de carretera fue dividido en tres partes. Con irregularidades declaradas en los procesos de diseño, adjudicación, ejecución, los procesos de evaluación ambiental y participación de las comunidades también fueron objeto de manipulación. La consulta pública se realizó sin la presencia de las organizaciones indígenas del TIPNIS, cuya opinión ha sido sistemáticamente ignorada por los organismos estatales.
La cuestionada carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos pretende atravesar por la mitad el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), un área doblemente protegida de un elevado valor ecológico y cultural donde habitan los pueblos mojeño, yuracaré y chimán. Serían 306 km de longitud, para unir los departamentos de Cochabamba y Beni. El diseño y ejecución de las obras fueron adjudicadas a la constructora brasileña OAS Ltda., tras un polémico proceso de adjudicación en el que la empresa brasileña fue la única proponente. “El 80% del financiamiento del proyecto corre a cargo del BNDES de Brasil, uno de los principales actores en el financiamiento de infraestructura en Bolivia, que responde al objetivo de impulsar la inversión del capital brasileño en la región”. Este proyecto se enmarca en un paquete de iniciativas de carácter regional que hemos podido analizar oportunamente en un artículo sobre IIRSA-COSIPLAN.
Existen fuertes intereses para promover una ruta por el TIPNIS. Uno de ellos es la intención de los campesinos colonos vinculados al cultivo de hoja de coca, asentados desde hace décadas en la zona sur del parque, para acceder a nuevas tierras de cultivo que se verían facilitadas por la construcción de la carretera. Otro motivo no menor reside en la existencia de reservas de hidrocarburos bajo el subsuelo del TIPNIS, cuya posible extracción también se vería posibilitada por esta obra. Tampoco debemos olvidar el interés del Estado Brasilero, como potencia hegemónica del continente, que a través de la promoción y construcción de grandes megaproyectos de infraestructura (Caso IIRSA – COSIPLAN) facilita la llegada de sus productos a los mercados asiáticos – particularmente a China – y paralelamente, expande su capital a los países vecinos.
En 2011, el Gobierno de Evo Morales reprimió duramente una protesta de comunidades indígenas que se manifestaban en contra de la carretera.
ESTADO PARALELO
El Chapare (donde el entonces líder indígena cocalero y ahora Presidente del Estado Plurinacional comenzó su lucha político-social) es una provincia que limita al sur con el TIPNIS y de donde provienen los campesinos asentados en el área colonizada. El gobierno promulgó una ley para ampliar los cultivos de coca hasta 20.000 hectáreas, con la legalización de 8.000 hectáreas destinadas concretamente al Chapare, donde el rendimiento de hoja de coca seca por hectárea es más del doble que en otras regiones productoras del país.
Esto ha provocado el avance de este sector dentro del TIPNIS, que en la actualidad alcanza alrededor de 200.000 hectáreas de área colonizada. No hay dudas que las bases cocaleras de Evo Morales se han convertido en el principal sector social apoyando la construcción de la carretera, y forma parte de una tensión entre los proyectos productivos y las bases de una defensa de los ecosistemas tan necesarios para la reproducción material de la vida.
En agosto del año pasado, tres integrantes del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, una de sus secretarias, más una veintena de periodistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil intentaron acudir a una invitación del Consejo Indígena del Sur (CONISUR) para conocer el “Polígono Siete” – la parte del territorio invadida por la colonización y la producción descontrolada de hoja de coca y sus derivados- pero al llegar fueron retenidos y hostigados por grupos locales durante más de 6 horas. Finalmente fueron liberados y se les permitió marcharse, aunque sin haber podido presenciar la situación de las comunidades indígenas oprimidas por los negocios de los cocaleros.
Así como en Argentina, el macá tobiano se convierte en una especie animal emblemática que corre riesgo de desaparecer si se concreta el proyecto de las represas sobre el río Santa Cruz, el último río glaciario que corre libre, en Bolivia, el paujil unicornio (Pauxi unicornis) puede ser el símbolo de la extinción potencial que acarrearía el proyecto sobre el TIPNIS.
Fuentes:
https://www.servindi.org/actualidad/52119
