Especial para Florestanía, publicada originalmente en Latfem
Octubre 2019. El mes en el que Chile, finalmente, despertó. En poco más de 10 días —desde el aumento de la tarifa del sistema de transporte público y el comienzo del estallido social— todo cambió. Las viejas estructuras e imaginarios temblaron en toda América Latina y, mientras el coletazo sigue su marcha por geografías cercanas —Colombia hoy mismo— y atravesamos la pandemia, la vieja normalidad en el país trasandino es un recuerdo al que nadie parece querer volver.
En Chile, la “explosión social transversal, sin dirigentes ni líderes visibles, de convocatoria masiva, con movilizaciones urbanas diarias y persistentes” inició el camino para un Proceso Constituyente que materializó el deseo de tirar por tierra la Constitución redactada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, esqueleto del modelo neoliberal, privatizador y profundamente desigual contra el que se rebeló el pueblo chileno.
Con las masivas movilizaciones y la resistencia a la brutal represión estatal, el pueblo chileno logró poner en el primer plano de la escena regional la demanda popular por el derecho a la educación y a la salud, el fin de las jubilaciones privadas y también la reivindicación de los pueblos originarios, la defensa del ambiente y la incorporación de la perspectiva feminista a la política institucional. Encolumnado detrás de esas demandas, el pueblo chileno logró forzar al presidente Sebastián Piñera a convocar a un plebiscito para definir si el país iniciaba o no el camino hacia una nueva Constitución.
En octubre de 2020, a un año del inicio del estallido, los chilenos y chilenas decidieron en las urnas, con 77% de votos a favor, dejar atrás la vieja Constitución pinochetista. Esta vez, será la misma ciudadanía la responsable de redactar el documento a través de una Convención Constitucional, órgano que deberá respetar la paridad de género, incluirá a los pueblos originarios y será elegido por votación popular entre el 15 y el 16 de mayo.
Hasta que valga la pena vivir
Chile es el único país del mundo que tiene el acceso al agua totalmente privatizado, bajo el Código de Aguas de 1981. Por eso, el derecho al agua resuena como una de las principales demandas a incluir en la nueva Constitución, no sólo como derecho humano sino también como parte de una justicia restaurativa y de defensa de los cuerpos —cuerpos de agua, cuerpos humanos y cuerpos no-humanos— convertidos en desechables por el sistema colonial, capitalista y patriarcal que sólo los ve como commodities o recursos de los que sacar provechos, en nombre del desarrollo y el progreso.
Con la mirada puesta en estos nuevos horizontes posibles, hablamos con Francisca Fernández Droguett, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) y de la Coordinadora Feminista 8M, y candidata a la Constituyente por el Distrito 10 para LatFem y Florestania. Una conversación sobre los Derechos de la Naturaleza y su descolonización, la lucha por la desprivatización del agua y los territorios, el feminismo territorial, la plurinacionalidad y las posibilidades de un cambio real en Chile, mucho más allá de la nueva Constitución. La vida que vendrá después del estallido.
— ¿Cómo describirías al Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) y su vínculo con la Coordinadora Feminista 8M (Comité socioambiental feminista)?
El movimiento por el agua y los territorios surge hace alrededor de 9 años, en el marco de un encuentro que se llamó “Aguante la vida”, organizado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. En esa ocasión participamos distintas organizaciones territoriales de todo Chile y decidimos conformar un movimiento social, porque nos dimos cuenta de que el problema estructural que todas y todos compartimos era y es la privatización de las aguas. Por eso es que surgimos como movimiento, primero, para derogar el Código de Aguas, pero más ampliamente contra todos los instrumentos privatizadores de los bienes comunes naturales. En ese marco —hace más o menos 3 años cuando empieza a conformarse la Coordinadora Feminista 8M— se nos invita a las mujeres del Movimiento por el Agua y los Territorios y a otras compañeras de luchas socioambientales a que conformáramos un comité de huelga para la huelga general feminista, y ese comité derivó en el Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M, el cual viene trabajando en el marco de la lucha antiextractivista y antipatriarcal.
— ¿Pensás que el Proceso Constituyente podría abrir nuevos horizontes para cuestionar la matriz extractivista en la región y particularmente en Chile?
El Proceso Constituyente lo vemos más allá del proceso constitucional. Entendemos como constituyente la conformación de nuevos horizontes políticos contra el modelo neoliberal. En ese sentido, tanto la movilización como las asambleas territoriales en el marco de la revuelta, como el debate que estamos dando para la convención constitucional lo enmarcamos como un Proceso Constituyente. Entonces, una posibilidad real que vemos tiene que ver con la injerencia que tengamos los movimientos sociales y territoriales para dar fin al Estado subsidiario y centralista, que ha permitido la privatización y precarización de los territorios y bienes comunes, tanto sociales como naturales. Frente a eso, para nosotras, es una posibilidad que el agua sea reconocida como Derecho Humano y de la Naturaleza; pero en ese marco, también posicionar a los Derechos Humanos no sólo en relación con los ecosistemas, sino de la implementación de una justicia restaurativa en territorios en sacrificio, producto del agronegocio, la megaminería, la piscicultura, el modelo forestal, obras hídricas, etc. Tenemos claridad de que una nueva Constitución no va solucionar todo, pero sí es un camino para lo que nosotras y nosotros llamamos la transición post-extractivista que es, justamente, transitar hacia un cambio de raíz de la matriz productiva, energética y de consumo, y eso implica, por ejemplo, el reconocimiento de la gestión comunitaria de los bienes comunes y esta necesidad de reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza.
— ¿Cómo entendés la plurinacionalidad y qué protagonismo tiene en este proceso?
Para el MAT y la Coordinadora 8M, la plurinacionalidad la entendemos como un eje de la articulación de distintas comunidades políticas, que no es solamente una política de reconocimiento, sino la coexistencia, la convivencia, el conocimiento mutuo y el carácter deliberativo en articulación de pueblos originarios, afro, migrantes, sectores campesinos y sectores populares urbanos. Por ello, nosotras y nosotros hacemos un llamado a que en esta nueva Constitución, Chile se defina como un país plurinacional, lo que implica a su vez, todo el ejercicio de pensar leyes sobre una nueva institucionalidad, en términos de que la plurinacionalidad tenga un ejercicio práctico, que es justamente la autodeterminación de los pueblos. Entonces, podemos hacer una lectura transversal de cómo entendemos nuestros quehaceres y lo que queremos, en tanto realidad como proyecto de transformación.
— Y en cuanto a la propuesta de gestión comunitaria del agua y particularmente acerca de la posibilidad de considerar al agua (a los ríos y cuerpos de agua, en general) como parte de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, ¿qué horizontes pensás que se abren en este proceso?
Nosotras y nosotros hemos sido enfáticas y enfáticos: aquí el problema estructural no es sólo el modelo neoliberal, sino el extractivismo, es decir, la extracción ilimitada de los bienes comunes naturales para la venta en los mercados internacionales, trayendo como consecuencia la contaminación, el despojo, la desterritorialización y la consideración de cuerpos y territorios como desechables, en el marco de la generación de ganancias de grandes capitales. Sin embargo, tenemos claridad de que esta situación se sostiene bajo una mirada instrumental de dominación y de consumo sobre la Naturaleza —que se erige desde la modernidad— entonces hablamos de transitar desde una mirada antropocéntrica hacia una mirada biocéntrica, que ponga en el centro no sólo a la vida humana, sino la vida de las plantas, de los animales y de la Naturaleza en general. Entendemos que debe haber un cambio profundo en cuanto al quehacer económico, respecto a la vinculación con la Naturaleza, respecto a cómo organizamos los territorios y lo asumimos desde los feminismos territoriales y de los pueblos anti extractivistas —en algunos casos, podría llamarse ecofeminismo, me gusta más decir feminismo territorial— y asumimos que esa forma histórica de opresión hacia la Naturaleza ha operado en la misma forma en que se han oprimido los cuerpos de mujeres y niñas y, de hecho, los impactos socioambientales en ámbitos extractivistas se intensifican en los cuerpos de mujeres, niñas y disidencias porque nuestras vidas en general son más precarizadas. Entonces, entendemos que esta lucha de gestión comunitaria del agua es una posibilidad de entender otra forma de vincularnos con la Naturaleza y otra forma de trascender de manera urgente al extractivismo y las prácticas patriarcales.
— ¿Qué implica “Descolonizar la naturaleza”? ¿Cómo pensás en este sentido los Derechos de la Naturaleza y cómo se puede pensarlos más allá de una cuestión técnica y legal?
Descolonizar la naturaleza implica, primero, reconocer que el término Naturaleza es ya una construcción colonial —hay distintas nominaciones de los pueblos originarios—. Entonces, descolonizar es entender que hay un origen del término que es colonial y que supuso darle un nombre para controlar, para dominar, para consumir. La descolonización implica un gesto de reencontrarnos y recrear otra forma de vincularnos con la Naturaleza, entendiéndonos como parte de ella; somos cuerpos de agua, somos cuerpos de Naturaleza, la descolonización es asumir una mirada de de interrelación entre los distintos componentes que establecen la vida, tiene que ver con algo actitudinal y, en ese sentido, implica romper con los parámetros clásicos de la modernidad, de la racionalidad y la lógica capitalista que se ha instalado en el orden de todas las cosas. Entonces, el camino —pero que no es el resultado final— ha sido el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza. Sin embargo, somos enfáticas y enfáticos, pero no desde el derecho positivo —porque el derecho positivo no le va a reconocer condición de sujeto— sino que hablamos desde el pluralismo jurídico; desde reconocer desde el derecho propio que coexisten distintos sistemas normativos y desde allí hay una vinculación con la plurinacionalidad. La forma que vamos transitando, esa descolonización de la Naturaleza, ese cambio del vínculo, es el cambio de la matriz energética y de consumo, pero también es el cambio respecto a cómo entendemos la construcción de lo jurídico hacia un pluralismo jurídico. Esto desborda lo institucional, entendemos que son distintos caminos, pero lo más importante es la construcción territorial y cotidiana.
