Vivimos momentos de incertidumbre, asolados por la irrupción de una pandemia y con los efectos del cambio climático cada día más evidentes. En este contexto, la iniciativa de construir una mega-represa hidroeléctrica en el sur de la provincia de Mendoza no puede más que alertarnos sobre las implicancias socio-ecológicas de este tipo de infraestructura.
La iniciativa pone de manifiesto cierta relación con la naturaleza, con las otras provincias de la cuenca del Río Colorado y con los actores que no comparten el proyecto. Actualmente, las grandes represas están siendo cuestionadas en países como Francia o Estados Unidos, donde se implementan iniciativas para removerlas y restaurar los ecosistemas afectados. Pero por otro lado, su construcción es promovida en África, Asia y América Latina, principalmente a través de inversiones de la República Popular China.
Río Colorado
PORTEZUELO DEL VIENTO
Esta mega-represa se proyecta sobre el Río Grande, en el departamento de Malargüe al sur de la provincia de Mendoza, donde además se promueven otros emprendimientos extractivos como la minería y el fracking. La obra afectaría el curso del Río Colorado, que atraviesa una crisis hídrica de al menos 10 años y cuya cuenca se extiende por las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Estas provincias conforman el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) y en la cuenca viven al menos unas 20 comunidades de pueblos originarios.
La gobernación de Mendoza ha avanzado con la licitación de la obra, a la que se presentó una sola propuesta, encabezada por la empresa estatal china Sinohydro-PowerChina, con los socios locales IMPSA, CEOSA y Obras Andinas.
Melisa Ibáñez es parte de la Asamblea Permanente por el Río Colorado, vive en esa localidad y comenta que desde hace un año conformaron la asamblea debido a las dificultades que encontraron para ser escuchados y obtener información sobre el proyecto. “Necesitamos que se realice el Estudio de Impacto Ambiental Integral, que se discuta en el Congreso y que se haga una revisión del programa único de habilitación de áreas de riego y distribución de caudales del Río Colorado, ya que el COIRCO trabaja con estudios hechos en los años 70 y ese río ya no existe” explica.
“Son cinco provincias con distinto perfil productivo, pero se pretende hacer obras pensando en un modelo de desarrollo y crecimiento obsoleto, estamos en una crisis climática que afecta a los ríos con origen en las altas cumbres, es peligrosísimo y no queremos ser otra zona de sacrificio. Necesitamos que se deje de pensar que hay desarrollo atado a los emprendimientos mineros que quieren reactivar, al fracking y la minería de potasio que requieren de agua y energía” explica Melisa.
El Río Colorado atraviesa una crisis hídrica hace más de 10 años
UN ESCENARIO QUE SE REPITE
El caso de Portezuelo del Viento recuerda al de las mega-represas proyectadas sobre el Río Santa Cruz, otro ejemplo de la conflictividad social de este tipo de emprendimientos en los cuales el Estado se asocia a capitales extranjeros y corporaciones locales e internacionales, adjudicando obras onerosas en procesos poco claros y sumidos en constantes sospechas de corrupción.
No son casos aislados: la construcción de mega-represas en todo el mundo genera disputas en torno a los impactos ambientales y sociales. Principalmente, los procesos de reconocimiento de las comunidades afectadas y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre sus territorios suele ser obstruida a través de la omisión de las leyes y procedimientos locales, pero también se ha llegado al extremo de una violencia física repudiable, por citar un ejemplo, recordemos el de Berta Cáceres que se oponía a la represa del Río Blanco en Honduras y fue cruelmente asesinada.
Por otro lado, los estudios de impacto ambiental suelen ser deficientes, cuando no inexistentes, a pesar de ser obras que generan cambios de gran magnitud y en muchos casos irreversibles sobre ecosistemas frágiles. Se las publicita como generadoras de “energías renovables”, ignorando u ocultando la emisión de gases de efecto invernadero que generan los embalses, particularmente a largo plazo.
Los Estados argumentan que son instrumentos de desarrollo, imponiendo lo que Stengers y Pignarre llaman “alternativas infernales”, es decir, la imposición de dos opciones igualmente malas, como si no existiera alternativa posible. Aquí sería: o se aceptan las represas o se tendrá sequía y pobreza, sin considerar herramientas como la provisión de ayuda y tecnología a los productores y comunidades para adaptarse mejor al uso del agua y continuar la producción tradicional.
Estas mega obras se insertan en una lógica de generación y consumo de energía donde priman los intereses comerciales de uso y generación de regalías por sobre las posibilidades de participación y desarrollo de verdaderas alternativas de energías limpias, libres y democráticas.
Las actividades náuticas se verían afectadas por la bajante
APROVECHAR A TODA COSTA
Si algo caracteriza a estos proyectos es cómo visibilizan sistemas de saberes y de valores en conflicto, ya que estos proyectos no son impuestos tan fácilmente, sino que generan la organización y resistencia de una variedad de actores. Asambleas, asociaciones civiles, ONG, activistas ambientales, científicos, pobladores locales, comunidades originarias, organismos de defensa de derechos humanos, y muchos más se organizan y utilizan los medios a su alcance para difundir información y generar en la sociedad conciencia sobre los impactos que implican estas obras y pelear por sus derechos.
Portezuelo del Viento es sólo un eslabón más en la cadena discursiva que construye en torno a los bienes comunes naturales como “recursos aprovechables”. Ya desde la propuesta del proyecto se lo presenta como “aprovechamiento multipropósito” (no se menciona la palabra “represa” en el título), sosteniendo la idea de que al agua hay que sacarle algún rédito, obviando mencionar que su flujo será obstruido por una pared gigante de hormigón. Pareciera que dejar a los ríos fluir libres es, en la mentalidad instrumental, sólo una pérdida en el mar.
Las ventajas que según sus impulsores, este proyecto traería, da cuenta de toda una ideología alrededor del uso del agua y la concepción moderna de la Naturaleza como algo controlable a través de cálculos racionales. “Incrementar la seguridad hídrica”, “regular caudales y controlar crecidas”, “asegurar la provisión de agua para consumo humano, riego y uso industrial”, “mejorar la calidad del agua”, “potenciar el desarrollo regional”, “generar energía renovable” y “generar puestos de empleo directo e indirecto”, son todos elementos de una cadena argumental donde el río es una fuerza pasiva, que bajo el control de la razón humana puede ser asegurado, controlado y aprovechado para extraerle su fuerza y así generar más capital.
Las comunidades se organizan para difundir información a la sociedad
ZONA DE SACRIFICIO
La decisión de avanzar con el proyecto refleja el interés de los sectores hegemónicos sobre el agua. El territorio provincial mendocino se estructuró históricamente en torno a una oposición entre oasis y tierras no irrigadas, que hizo del manejo intensivo del agua una causa oficial en favor de la irrigación, vulnerando la riqueza e identidad de las tierras secas y relegándolas a la cría de ganado de subsistencia o libradas a los designios de los capitales transnacionales.
Portezuelo del Viento es la materialización de esa visión binaria, en la que los “recursos” son confiscados y puestos a disposición de las grandes empresas y sus asociados. Se trata de afianzar el poder económico y político de los sectores dominantes, bajo el argumento de la creación de de empleo y turismo para quienes necesitan una salida económica y en detrimento de las actividades tradicionales y los ecosistemas.
Comunidades organizadas y en lucha
Por otro lado, estos proyectos dejan ver cómo las comunidades se organizan para resistirlos, generando conocimientos y alianzas para reclamar por sus derechos: “No se hizo la audiencia a nivel nacional como necesitamos, no hay estudio de impacto ambiental de toda la cuenca como debería, se incumple la Ley General de Ambiente 25.675, la de Glaciares, la consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias… y para nosotros no hay ningún beneficio con esta obra, nos dicen que va a prevenir inundaciones y esto no va a suceder, nosotros ya sufrimos el impacto de represas como la de Casa de Piedra, nos oponemos terminantemente” afirma Ibáñez.
Y concluye; “Como ríocoloradenses a nosotros nos afecta en todo, ya estamos siendo afectados por la baja cantidad de agua y encima está muy salinizada. Este pueblo tiene un perfil productivo asociado a la fruticultura y horticultura y ya perdimos hectáreas de producción, nos afectaría completamente la calidad de vida, la salud, las actividades turísticas que acá se desarrollan en el río. Nos afecta nuestra identidad tan asociada al río, nuestra vida, cultura e idiosincrasia están atadas al río, sin el río nosotros no somos nada”
El impacto de la represas sobre los ríos y los ecosistemas provoca pérdida de biodiversidad general, de especies flora y fauna endémica, aumento de la huella de carbono, desertificación y alteración de los ciclos hidrometeorológicos, desplazamiento de poblaciones tradicionales y la inundación de sitios sagrados y arqueológicos. Aún estamos a tiempo de pensar seriamente en alternativas para generar energía, de forma democrática y participativa.
Las comunidades no se rinden
2 Comments
Carmen vera
Excelente nota : clara en la redaccion y al mismo tiempo accesible a la lectura. Sigan difundiendo este articulo. Yo lo hare en mis pagos. Los mendocino del sur estan bastante manipulados porq los politicos y empresarios apelan solo a los a los sentimientos. Es importante q Bs As to.e nota de esto ya q la audiencia y las camaras legislativas se sdesarrollaran alli.
Redacción Florestanía
Gracias por tu comentario Carmen, es nuestro compromiso difundir estas situaciones y luchas.
Saludos!