MACRI, CHINA Y EL NUEVO ORDENAMIENTO EXTRACTIVO

por Pablo Pereira
// junio 12, 2017

El último viaje a China del presidente Macri tuvo varias repercusiones. Entre otras novedades llama la atención un comentario del mandatario sobre el proyecto IIRSA (Iniciativa de Infraestructura Regional Suramericana) como complemento a la política exterior china. ¿En qué anda hoy uno de los pilares del ordenamiento extractivo del territorio en nuestro continente, puesto en marcha a inicios de siglo XXI?

La idea de integración regional en América Latina vía mercado tiene varios antecedentes, que Raúl Zibechi y otros analistas han reseñado con suficiencia en forma de intervención externa en la planificación del territorio. Acusa larga data con las políticas de inserción formuladas desde oficinas extranjeras, si por ejemplo nos remontamos hasta la Alianza del Progreso. Se sucedieron las reformas estructurales planteadas por el Banco Mundial y el BID, y posteriormente un giro en la gobernabilidad a la gestión global-local, aceitada por propuestas de inversiones desde los mismos países que los impulsaran a “sumarse” al mercado internacional. IIRSA y el Plan Puebla-Panamá (PPP) destacan como la cara lavada de la economía regional en el siglo XXI, para acelerar y profundizar la mercantilización de los bienes comunes naturales. Señala Zibechi: “La derrota del ALCA en 2005 y la llegada al gobierno de fuerzas progresistas y de izquierda impulsó una redefinición de la IIRSA. El COSIPLAN (Consejo de Infraestructura y Planeamiento de la Unasur) se creó en la cumbre de presidentes de agosto de 2009 en Quito. Desde ese momento, la IIRSA es el Foro Técnico para temas relacionados con la planificación de la integración física de la UNASUR. El Consejo está integrado por las ministras y los ministros de las áreas de infraestructura o planeamiento.”(4). El contexto general ha sido conceptualizado como “post-regionalismo”, en un intento por distinguirlo del cumplimiento directo del Consenso de Washington y la sombra de Estados Unidos en la región, para dar lugar al UNASUR (Universidad de ONU: 5). Con la UNASUR como principal operadora, la actividad de IIRSAbajo los velos del COSIPLAN poco se ha transmitido en los grandes medios de comunicación, aunque la Argentina haya asumido recientemente la presidencia temporal del organismo.

Hoy en día atravesamos idas y retrocesos entre los proteccionismos, las políticas de apertura comercial, y el ascenso de nuevas figuras políticas. Efecto Trump; nacionalismos contra la Unión Europea —con tintes nacionalistas y xenófobos incluidos— no debe extrañar que las aguas de la política y economía internacional para los sectores dominantes de América Latina también comienzan a moverse. Es parte del nuevo juego geopolítico, con actores revitalizados en la última década con Rusia y China a la cabeza.

Citando a Macri en China: “Tenemos interés en que Una Franja, Una Ruta (un foro mundial al que asistió) se articule con IIRSA para impulsar entre nuestras regiones la clave del siglo XXI: la conectividad” (6). Vale la pena prestar atención a la mención de la IIRSA en un contexto de nueva apertura de mercados para la Argentina y de refuerzo de los extractivismos. Con la UNASUR como principal operadora, la actividad de IIRSA bajo los velos del COSIPLAN poco se ha transmitido en los grandes medios de comunicación, aunque la Argentina haya asumido recientemente la presidencia temporal del organismo. En un foro llevado a cabo el pasado abril (XXX Reunión del Foro Técnico IIRSA y XV Reunión del Comité Coordinador) se reajustaron las líneas del proyecto original ante el nuevo escenario global, y se acordaron fechas específicas para los planes anuales de trabajos de infraestructura. Uno de los objetivos primordiales se trata actualmente el de viabilizar los mercados con el continente asiático, particularmente mediante el proyecto del Corredor Bioceánico. En esta oportunidad, China se perfila como la “cenicienta” de este proceso, aportando fondos para la concreción de proyectos (7), en un viraje de defensa del mercado libre que ahora opondría a la postura estadounidense. Algunos autores también destacan la preeminencia de empresas trasnacionales con sede en Brasil en la adjudicación de licitaciones (8), sobre todo teniendo en cuenta serios impactos sobre el pulmón verde del Amazonas.

A las inversiones en infraestructura directamente para mercados, las agendas gubernamentales han obligado sumar un componente esencial, el de cambio climático. Así, con proyectos destinados a gestionar riesgo y desastres ambientales, los encuentros de XXX Reunión del Foro Técnico IIRSA y la XV Reunión del Comité Coordinador incluyeron a los fenómenos de catástrofes desde una visión siempre naturalizada: “Adicionalmente (Rogelio Frigerio, Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda argentino) comentó sobre la situación compleja que están atravesando once provincias de Argentina con motivo del impacto de graves inundaciones. Esto es un fiel reflejo del aumento de los desastres naturales como consecuencia del cambio climático, y demuestra la importancia de la planificación de obras de infraestructura resilientes a los efectos de estos eventos” (9). Sin dejar de lado la importancia de las obras técnicas para prevenir impactos, la mirada ingenieril y siempre atenta a esta adaptación disminuye y a veces anula la posibilidad de trabajar localmente desde las necesidades de los pueblos que sufren regularmente la exposición, y ven a sus territorios modificarse sin siquiera una previa consulta.

En 2006, la IUCN propuso crear un observatorio ambiental sobre los proyectos de IIRSA, pero poco más que una crítica se encuentra en los documentos finales. Entre algunas propuestas siguen insistiendo con metodologías de enfoque ecosistemrico, las cuales, provenientes de la economía ambiental, sugieren correcciones de los proyectos en sus componentes socioambientales que busquen nuevos resultados a nivel de costo-beneficio para las comunidades. Como se ve, continúa pensando en la matriz del IIRSA, plenamente neoliberal en su corazón. El trabajo pretende buscar la alquimia que permita compatibilizar megaproyectos y biodiversidad —en su sentido amplio—, con el salvoconducto del mercado: con la biodiversidad puede generarse ganancias, siempre y cuando se respeten principios socioculturales y ambientales. Nuevamente, el desarrollo sustentable como discurso de salvavidas. Las oposiciones a los proyectos se traducen en “dificultades” de implementación, como obstáculos que no dejan hacer.

Es que la dinámica es conocida. Ya se encuentran planteados y formulados decenas de proyectos a lo largo y ancho de los países, con el hábil recurso de la transparencia (todo puede accederse públicamente en los documentos correspondientes vía web). Cada proyecto tiene su ficha, con detalles por doquier. Las oposiciones a los proyectos se traducen en “dificultades” de implementación, como obstáculos que no dejan hacer. No debe sorprender entonces la excusa de la adaptación al cambio climático para intervenir en el territorio con proyectos de mitigación, a la vez que en el afán de generar corredores y vías para los recursos que se extraen, se deterioran los ecosistemas y comunidades que de ellos dependen.

La denominada licencia social y la participación sigue siendo clave, sin embargo, para las autoridades, que las tienen bien presentes aunque no aparezcan hasta que el proyecto se pone en marcha sin más. Una declaración de autoridades chilenas a este respecto es reveladora del lugar que ocupan.

Como máxima autoridad en San Juan, en el PTI que se desarrolla en la provincia, Lidia Zamora expresó que a pesar de los esfuerzos y el trabajo llevado adelante por parte de la delegación chilena que compone el EBITAN, es necesaria generar una política de visibilidad con respecto a los avances en la planificación de la construcción del Túnel de Agua Negra para conseguir apoyo por parte del pueblo chileno: “Necesitamos informar a todas las regiones que van a ser beneficiadas por el túnel cómo van a estar involucradas y brindarles más detalles de lo que se está trabajando. Ese es nuestro desafío , mayor difusión para que la comunidad sepa lo que se viene en materia de infraestructura, del intercambio comercial, entre tantas cuestiones más que se van a desarrollar con esta mega obra”. El proyecto, de aquí se deduce, ya se encuentra diagramado de punta a punta y solo faltan aspectos para la implementación; paso siguiente recién se plantea la necesidad de “transmitir” los beneficios de la megaobra. Es solo una autocrítica, no un paso fundamental.

Además, como lo han mostrado diversos analistas, es escaso el espíritu integrador-regionalista de los planes de infraestructura, y en cambio, se vuelcan exorbitantes sumas entre capitales trasnacionales y gobiernos, pero que a la vez permitan espacios locales mínimos de compra-venta para justificar públicamente las iniciativas. No tardaremos en apreciar, lentamente, pequeñas muestras de estos negociados en los medios de comunicación hegemónicos. Nos contarán seguramente sobre emprendimientos que se ven modernos y de enormes proporciones, como soluciones a la desconexión, el abandono, y los problemas cotidianos de intercambio para pequeños y medianos productores y comerciantes. Así se presentan el Túnel de Agua Negra (10), el mejoramiento del paso Cristo Redentor, o el mencionado Corredor Bioceánico. Para concretar esos proyectos, el COSIPLAN trabaja con gran planificación, concentrando esfuerzos en una Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) (31 proyectos estructurados y 103 proyectos individuales con un monto de inversión estimado en US$20.148,6 millones) que se encuentran clasificados y monitoreados.

¿Qué relaciones conviene generar? El debate de la integración en América Latina ha tenido muchos aportes, tanto desde el reducto académico como en iniciativas socio-políticas. Autores como Gudynas y Salama han revisado las propuestas de integración para comenzar a pensar en otros regionalismos, “autónomos”, que prioricen la capacidad de los países de generar sus propias propuestas de desarrollo. Sucede que a veces estas iniciativas también reproducen desigualdades entre los países, dando lugar en ocasiones a puras negociaciones bilaterales en las que salen beneficiados capitales especulativos. El caso de Brasil ha sido reseñado (LINK). Aunque se eviten Tratados de Libre Comercio, o Alianzas del Pacífico, existe el desafío también de trascender la esfera nacional, hacia adentro, estimulando formas más genuinas de generar soberanía. El marco de un comercio regulado entre países de la región debe habilitar también las expresiones de la diversidad de pueblos que en ellos viven. No sólo de América del Sur, sino el resto de América y el Caribe. Gudynas habla por ejemplo de “bioregión”, una “articulación ecológica y productiva entre bioregiones” (Gudynas, 2002) con bases en la complementariedad y la soberanía alimentaria como ejes productivos. De esta manera se guía al comercio por otros valores, siempre respetando los mecanismos reales de participación de la sociedad, en su diversidad.

Las implicancias están a la vista. El discurso de la conectividad y la apertura de mercados, bajo el manto “protector” de alianzas de gobiernos regionales, posee fuertes efectos sobre las entidades financieras y las empresas con intereses productivos y comerciales en América Latina y el exterior. Promueve inversiones y estimula la rueda financiera en instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Financiero de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), nuevos actores internacionales (China sobre todo) y administraciones locales ávidas por incorporar proyectos desarrollistas y clavar cartelería de nuevos trabajos. Sin embargo, este proceso no es nuevo; se alinea con el histórico sometimiento de nuestra América. Las obras —o megaobras, que básicamente alteran la geografía del continente para facilitar la extracción de sus riquezas— se traducirán en duras consecuencias para la biodiversidad en su sentido amplio.