Imagen de tapa: Victoria Rodriguez
Arden las Islas del Delta del Paraná. Según reportó la periodista santafesina Jorgelina Hiba había hasta esta semana casi 800 focos, “principalmente ardía el área entre Rosario y San Nicolás”, reportó desde Twitter. Esto sucede en un contexto de sequía, bajante histórica del río y pandemia global.
Fue durante los incendios del 2008, como un momento álgido de recurrentes eventos de incendios en la zona desde el 2004, que se gestó un plan de conservación denominado “Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Río Paraná” (PIECAS-DP). “Lo que lograron las provincias son lineamientos respecto a obras de infraestructura, enfoque ecosistémico. Cualquier actividad que se realice, tiene que mantener la integridad ecológica. Reconocer que no hay que afectar suelos, respetar la biodiversidad” declaró la antropóloga de Taller Ecologista Laura Prol a Perfil. Esto alude a prácticas bastante usuales de los productores, habilitada por las autoridades, como las quemas prescriptas y manejo de fuegos orientadas a renovar los suelos.
Sin embargo, el PIECAS fue discontinuado en la última gestión macrista y aunque hace pocos meses se reflotó (incluyendo a variedad de actores que se encuentran en el territorio) hoy tenemos el fuego a la vista.
Desde la agrupación rosarina Taller Ecologista denunciaron que en lo que va del año se detectaron más de 2750 focos de incendio, sólo en territorio del PIECAS DP, desde Diamante (Entre Ríos), hasta Campana (Buenos Aires). 2000 hectáreas de pastizales arrasadas en el último mes. Un operativo de contención que cuesta un millón de pesos por día con un consumo de agua de 1000 litros por descarga desde helicópteros. Mientras tanto, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza en Argentina es del 25,9% y la pandemia ya produjo la pérdida de más de 300.000 empleos.
LOS VENDE HUMO DE SIEMPRE
Australia, Brasil, Argentina. ¿Qué tienen en común? Ecosistemas megadiversos, fauna emblemática… y tierra fértil para ganado y monocultivo, que ni siquiera alimentará a los hambrientos del sur global. La mayor parte hará un corto viaje hacia los puertos privados del Paraná para luego emprender su camino hacia los mercados ricos de Asia y Europa. Soja para alimentar ganado, ganado para otros cuerpos humanos; hambre, humo y muerte para nosotres.
Para eso, una situación que se repite: pastizales se queman para abrir los campos y se construyen terraplenes sobre zonas de humedales; las tierras fértiles continentales son acaparadas por el agronegocio del monocultivo sojero. Los dueños de los campos arrasan con los ecosistemas nativos para cambiarlos por pasturas para vacas. Carne de exportación. Devastación local. Intendentes indistinguibles de “productores agropecuarios” y un gran sector de las autoridades estatales que insisten en dejar hacer, cuando no promover.
Varias leyes de protección ambiental son incumplidas. La Ley N° 26.562 establece que “queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica.” ¿Quién autorizó? ¿O estos “productores” sólo hacen lo que quieren? Mientras nos ahogamos encerrados, afuera corre el virus y nuestro presente y futuro cada vez son más inciertos.
El humo y el smog favorecen la transmisión del virus SARS-COV-2, como advierte un estudio de la Universidad de Harvard. Parece que no lo leyeron ni los intendentes ni los “productores de ganado”, o quizá ni les importa, siempre priorizando sus ganancias sobre las vidas.
También se ha corroborado el nexo entre la contaminación atmosférica de las ciudades y las tasas de mortalidad para pacientes con covid-19: un aire más limpio en las ciudades antes de que la pandemia avanzara con fuerza habría salvado muchas de las vidas que el virus se está llevando. Recordemos que este “infortunio” también es producto de la devastación ambiental capitalista-patriarcal liderada por algunos elementos humanos.
Imponer multas a los “ganaderos” es una medida necesaria pero insuficiente. Incluso probablemente no afecte sus cuentas bancarias. Tenemos que apuntar a un radical cambio de modo de vida. En lo institucional, ¡ya! necesitamos de la postergadísima Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Humedales. Se ha avanzado mucho en inventariar sistemas de humedales alrededor del país, gracias a instituciones y organismos académicos y técnicos que continuamente, y en sus diferentes disciplinas, nos demuestra la importancia de la inversión en ciencia y tecnología.
Sigamos exigiendo al Estado y los privados que respeten la vida. Mientras se denuncia penalmente a los productores responsables, y se generan mecanismos que permitan un control de la actividad agrícola y silvopastoril, la pandemia nos enseña que la palabra “gastos” no aplica para sostener la comunidad científica, el sistema de salud y la transición a la agroecología.
Y todo está conectado: no neguemos las fronteras disciplinarias, pero ayudemos a tejer los lazos entre los modos de conocimiento, y sobre todo, a trabajar a partir de los territorios. De ahí en adelante, apostemos a recomponer nuestros vínculos con el ambiente, la animalidad y la humanidad, sobre bases solidarias, cuidadosas, afectivas y ecodependientes.
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