Se termina un álgido 2019 con una buena noticia: en Mendoza, la movilización popular logró que se anunciara la derogación de la modificación de la ley 7722 que habilitaba la megaminería contaminante. Un triunfo enorme frente a los acuerdos políticos que priorizan las ganancias de corporaciones, justificados como una vía al desarrollo local, generador de puestos de trabajo y ganancias necesarias, y como retenciones y otros impuestos que inyectarían recursos para financiar al país y promover así políticas sociales. En la experiencia, los beneficios quedan en pocas manos, y para los pueblos y ecosistemas siempre queda la degradación y muerte. ¿Quién se arroga el derecho de sacrificar determinados lugares y culturas en pos de atender otras urgencias? Hay que resolver la crisis de nuestros sectores más afectados por el capitalismo neoliberal, pero este no es el camino. El extractivismo -parcial o extremo- también se sustenta en discursos neoliberales: la negociación, el consenso y el diálogo para lograr “licencia social”, en realidad esconde una imposición, donde la desigualdad de condiciones y poder de quienes están involucrados impide esa magia de la “mesa redonda”. Muestra también los huecos y trampas de la democracia representativa.
Al mismo tiempo, y con fuertes componentes de verdadera deliberación y debate social, se activan alertas en otras provincias. El derecho humano al agua y al ambiente sano siguen bajo amenaza y se sabe. En Chubut, por el momento la modificación de la ley 5001 no se ha tratado, gracias también a la reacción popular. Vaca Muerta, en Neuquén, todavía insiste con el fracking. El recuerdo de las asambleas de 2003 en Esquel es una fuente de inspiración constante, y no importa la actividad productiva, mientras represente un riesgo de afectación, las poblaciones locales tienen que participar para tomar decisiones. Estas disputas sirven de impulso a nuevas formas de acción política y promueven la discusión sobre proyectos ya implementados y próximas iniciativas. Implica un renovado aprendizaje y una vigilia incesante.
Persisten algunas críticas que desvían el debate, sea por omisión o para defender lo indefendible. Adjudican estos movimientos a “ambientalismos” de clase media, que cosecharon apoyos de “porteños” y otras regiones centrales. Que prestan atención a la cordillera pero se olvidan de los arroyos y ríos urbanos contaminados, de problemas históricos de cuencas relegadas como las del Matanza-Riachuelo y el Reconquista. Ojo, que aquí también hay organizaciones que la pelean. Día a día luchan por la salud ambiental, por acceder al agua potable y cloacas, por urbanizar villas, por resguardar humedales. Movimientos de base, asociaciones vecinales, ONGs, escuelas y universidades. Y principalmente mujeres, invisibilizadas ellas y sus luchas por varones prepotentes con acceso al Estado y a los medios masivos de comunicación. También se suman a reclamar por el agua pura, sin contaminantes, aunque sea en otra parte del país. Los cursos de agua no conocen límites políticos. Ríos como el Santa Cruz bajan de la cordillera al mar y no quieren ser represados. No hay mucha población a su vera, y sin embargo también hay que resguardarlo, y de nuevo las mujeres ahí poniendo el cuerpo y cuidándolo, aunque no se vea. En lo ambiental, quizás más que en cualquier otro aspecto de la realidad social, es un paso en falso el maniqueísmo. Hay muchos matices en los conflictos, y todo requiere leer entre líneas. Pero al mismo tiempo, lo que está en discusión es tan profundo que exige una ética del cuidado del bien común. Ya que tanto se habló de eso, es cierto: estamos en crisis climática. Todo es complejo pero tampoco hay lugar para tibiezas ni nuevos intentos de pasar por encima de las voz y las cuerpas de los pueblos y de las otras especies.
Desde Florestanía celebramos esta victoria del pueblo mendocino y seguiremos aportando a la difusión y debate sobre estos temas claves para recuperar nuestros espacios de vida.
