LA ISLA VERDE DE EL PALOMAR

“Sembrar:

– Esparcir o enterrar semillas sobre la tierra para que se desarrollen y reproduzcan.

– Esparcir algo

– Iniciar algo”.

Sobre la avenida Derqui y Leones, en El Palomar, hay un espacio verde amplio, con algunos árboles añosos y otros recién plantados. Allí unos 20 jóvenes están activando el festival “Sembrando conciencia”, un evento que realizan todos los meses para visibilizar el valor natural y cultural de un área que quieren proteger ante la inminente reconversión de ese terreno que corresponde a la base aérea naval en un aeropuerto comercial para compañías aéreas “low cost”. Es fines de mayo, hace frío y el día está nublado; llovió toda la semana pero mucha gente se acerca a mirar las fotos, llevarse semillas de plantas y charlar con los activistas. En el aire hay un movimiento constante: avionetas que pasan de un lado al otro y aves, muchas aves. De repente la tierra tiembla, un ruido ensordecedor aturde y justo por arriba de las cabezas despega el Boeing amarillo de Flybondi. “Ahora sólo tienen habilitados 3 vuelos diarios, pero imagináte esto todo el día”, dice uno de los presentes sobre el proyecto de la empresa y el gobierno de aumentar la frecuencia de los vuelos. Frente a eso, los vecinos resisten.

LA RESERVA Y LA ORGANIZACIÓN A SU ALREDEDOR

En julio 2017, la empresa Flybondi presentó una oferta de inversión para comenzar su operación en el país usando como base el aeropuerto de El Palomar, que según el proyecto debía ser reconvertido para albergar una gran cantidad de viajeros, aviones comerciales e infraestructura de logística. A pesar de que se interpusieron varias acciones judiciales, que en un primer momento paralizaron las obras de remodelación, y si bien últimamente la empresa es noticia por la cantidad de vuelos cancelados, aviones con desperfectos e incidentes peligrosos que impiden su normal operación, al día de hoy el aerupuerto se sigue construyendo y se realizan cada vez más vuelos comerciales.
Desde entonces se puso en juego una contienda entre la gente que vive en los municipios aledaños – principalmente de el Palomar, Haedo y Hurlingham-, a quienes se sumaron organismos de Derechos Humanos (ya que el sitio funcionó como centro clandestino de detención) y organizaciones ambientalistas. Del otro lado, las empresas comerciales de aviación y su principal socio: el Estado nacional. Los dueños de Flybondi tienen estrechos vínculos con funcionarios del gobierno, como el vicejefe de gabinete de la Nación, Mario Quintana.

Dentro del predio de la base área hay un espacio que los vecinos organizados bautizaron cariñosamente Isla verde, “porque vista desde google maps es una isla en un mar de cemento”, dice uno de ellos. Estamos hablando de un espacio natural de 200 hectáreas de bosque nativo de ribera, pastizal pampeano húmedo y un talar de barranca único en la zona.

EL COMIENZO DE LA LUCHA POR LA RESERVA NATURAL

Desde hace unos años un grupo de vecinos se interesó por el lugar y comenzó a idear un proyecto para declararlo reserva natural comunitaria. “Observábamos aves que no veíamos en otros lugares del barrio o que ni sabíamos que existían”, relata Nahuel Martínez, uno de los integrantes y fundador del grupo llamado Proyecto Isla Verde. Esta organización está conformada principalmente por vecinos de El Palomar y de Haedo. Movidos por la intriga, en 2014 decidieron atravesar el alambrado para ver qué había del otro lado: “Ahí nos empezamos a percatar que se estaban realizando descargas ilegales de basura y ante esa primera problemática empezamos a nuclearnos y a imaginar una organización para proteger el espacio”.

El interés sobre el cuidado y conocimiento de las aves que allí habitan  llevó al grupo a organizarse en un Club de Observadores de Aves de la red de clubes de la ONG Aves Argentinas: “Lo primero que te fascina son las aves, que son los animales más fáciles de observar, ya que con paciencia y unos largavistas vas a ver cosas que nunca pensaste que ibas a observar”, relata Nahuel. Ezequiel Andreazzi, otro integrante del grupo, explica que fueron aprendiendo en la práctica sobre flora nativa, sobre cómo funciona una reserva y sobre la fauna que allí habita.

Desde 2017, con la llegada de Fly Bondi y compañía, las amenazas al espacio natural aumentaron. Dice Ezequiel: “Con lo del aeropuerto están desmontando bastante el cortaderal, siguen actuando ilegalmente, además los aviones al despegar tiran nafta y aceite al aire, y esos hidrocarburos contaminan”. El Estudio de Impacto Ambiental, realizado por la empresa concesionaria Aeropuertos Argentina 2000, confirma los temores del grupo al insistir que “el intento por convertir el sitio en un área protegida municipal se enfrentó y también se enfrentaría hoy a un problema insoslayable: su contigüidad inmediata a la pista del aeropuerto que podría poner en peligro la seguridad aeronáutica, ya sea en caso de atraer más aves, en caso de desarrollar especies arbóreas altas o en caso de permitirse el ingreso de público”. Aunque parezca un (mal) chiste el informe que debe preservar el espacio de las incidencias externas, termina diciendo exactamente lo contrario: “La seguridad de los pasajeros y aeronaves prima, en todos los predios aeroportuarios, sobre los objetivos de conservación”.

Ya que las aves representan un riesgo para los aviones, al momento minimizan el riesgo con viejas mañas: “Tiran con morteros para espantar a los pájaros, si se extiende el aeropuerto van a hacer un ‘avicidio’ matando a las aves del lugar”, dice Ezequiel.
Melina Tassara, quien participa del proyecto desde el primer día, también cuestiona los resultados de este documento: “Por definición un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un estudio que evalúa cómo afectará una obra proyectada sobre el ambiente, y lo que presentaron fue lo contrario; cómo la biodiversidad que habita allí obstaculiza el funcionamiento de las aeronaves. En el segundo EIA presentan una lista de especies más detallada que en el primero (donde solo nombran la presencia de “subespecies” de palomas, ratas y cucarachas) pero aun así, remarcan que la seguridad de operación prima sobre cualquier objetivo de conservación. Habiendo incluso citado el excelente estudio de Kalesnik y Sirolli, que se encuentra en internet, y donde concluyen que el sitio, por sus particularidades y por ser el último espacio verde natural de la zona, debe ser protegido.”

DERECHOS HUMANOS “LOW COST”

Los vecinos y organizaciones que se oponen a la conversión del aeropuerto en comercial reclamaron que se realice la audiencia pública y los estudios de impacto ambiental en cumplimiento de la Ley general del Ambiente (Ley 25675). También interpusieron un amparo judicial para detener las obras, ya que la base aérea funcionó como centro clandestino de detención y desde allí se operaron vuelos de la muerte y se teme que los trabajos de excavación y construcción destruyan restos del pasado.

Durante la última dictadura cívico militar el lugar funcionó como centro clandestino de detención y desde allí partieron vuelos de la muerte. Asociaciones de Derechos Humanos intentaron frenar los trabajos de construcción y denunciaron que el lugar debe ser conservado ya que continúan los juicios de lesa humanidad sobre casos acontecidos en ese lugar.

Patricia Danna, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Hurlingham cuenta que “todo lo que era la casa, el chalet, donde entraban a los compañeros detenidos secuestrados lo demolieron, es lo que ellos muestran como fotos del aeropuerto. Eso se hizo antes de que se expidiera la justicia, por eso se hizo una denuncia por el delito de daño, además de la violación de la ley 266912 de protección de sitios, se hizo una denuncia penal por daño a la propiedad del Estado, eso todavía se está investigando… es todo lento.”

Esta Asociación, junto con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, están llevando adelante una denuncia judicial contra el presidente Macri, el jefe de gabinete Peña Braun, el ministro de defensa Aguad, el ministro de transporte Dietrich, el secretario de derechos humanos Avruj y al ex-director de la ANAC Irigoin, por inclumplir los deberes inherentes a sus funciones y por incumplimiento y violación de la ley nacional 26691 que resguarda los sitios de la memoria del terrorismo de Estado.
 Según explica Lucas Marisi, abogado de la Asociación que lleva adelante estas medidas, “al día de la fecha está todo judicializado con recursos de apelación pendientes ante la Cámara y también ante la Corte Suprema, con lo cual, las obras están todas empantadanas pendientes de que se expida la justicia”
Como no se avanzó con el resguardo del sitio ni con los amparos tendientes a frenar su destrucción, los propios organismos de derechos humanos se movilizaron para visibilizarlos: “el 3 de Julio se va a señalizar como Sitio de la Memoria, le van a poner las placas de los lugares que fueron centro clandestino de detención. Lo que no hay es expediente administrativo para justificar el cumplimiento de la ley 26691, que fue violada de punta a punta, de hecho no hay expediente administrativo en la secretaría de derechos humanos ni en la dirección de sitios referidos a esta cuestión”, comenta Patricia.

EL PROGRESO Y “EL PROGRESO”

Los vecinos se enorgullecen al contar del atardecer sobre la calle Derqui, una de las calles que bordea el predio y a la cual suelen ir a pasar el día, como hacían sus padres y abuelos, que además podían pescar en una laguna que desapareció bajo una rotonda. Sabrina Ferraris reflexiona: “Como ciudadanos y citadinos, nos deberíamos hacer la pregunta ¿en qué tipo de ciudad queremos vivir? Eso va asociado a la idea de progreso ¿qué tipo de progreso es deseable? Porque vivir en una ciudad en la cual eso implica perder un espacio que hace a la calidad de vida de la población… ¿ese es el tipo de ciudad en que queremos vivir?” Sabrina es socióloga y vive a pocas cuadras de la base aérea.

“Qué entendemos por calidad de vida si pensamos una ciudad ‘más conectada’ porque tiene un aeropuerto o estamos pensando en una ciudad con la posibilidad de respirar aire puro, de disfrutar, de tener sitios de esparcimiento y espacios que nos permitan construir educación ambiental, un espacio que nos relaje.”

Por lo pronto, la justicia impuso una restricción de operaciones que establece un máximo de 3 vuelos (seis movimientos) diarios, pero según el Estudio de Impacto Ambiental, el aeropuerto  “puede tener como mínimo 20 vuelos diarios, es decir 40 (cuarenta) movimientos por día en esta etapa inicial” y el objetivo es que “en etapas posteriores de desarrollo, este aeropuerto puede alcanzar la cifra de 150 vuelos (300 movimientos) diarios, lo cual lo posicionaría en un rango equivalente de capacidad al Aeropuerto Jorge Newbery”
Para ella, lo que está en juego son ideas alternativas de progreso: “Si avanza la lógica de maximizar la cantidad de vuelos y el proyecto de autopista, que pasará por encima de la isla verde, más el área de logística ferroviaria, sentiremos una disminución de calidad de vida; por cantidad de transporte que va a aumentar, cantidad de vuelos, mayor cantidad de gente circulando con un medio de transporte, que es el tren que también usamos para ir a trabajar y que hoy funciona paupérrimamente, es un cambio que tiene que ver con mayor contaminación por combustiones en el aire, por autos, colectivos, aviones, y por ruidos”.

UN PROYECTO COLECTIVO

En ese sentido, desde el colectivo Isla Verde se preguntan si es posible hablar de progreso como algo separado del cuidado de los espacios naturales y la biodiversidad. En la audiencia pública los funcionarios locales dejaron ver su idea de progreso: dijeron que gracias al aeropuerto se había asfaltado y cambiado luminarias.

Melina explica que el grupo se ha puesto firme en exigir el cumplimiento de la legalidad ante un Estado que les pasa por arriba: “El proyecto aeroportuario del gobierno nacional fue instalado sin cumplir con los pasos legales y la intención anunciada en la audiencia pública – que fue un logro de nuestro colectivo y dónde hicimos uso de nuestro derecho a la información – es ampliar el aeropuerto, construir un aeroparque, una playa seca de logística ferroviaria donde acopiar containers y la autopista que implica entubar el Arroyo Morón: el sitio que nos protege de inundaciones y la fuente de vida de la reserva natural que habita en nuestro barrio.”
El activismo insistente del colectivo Isla Verde fue fundamental para sumar a la comunidad a conocer y proteger este pulmón verde; Melina dice que si bien es a través de los festivales y recorriendo el barrio que difundieron la propuesta, fue a partir de la noticia de la construcción del aeropuerto comercial (y de los propios papelones de Flybondi) que más personas tomaron conocimiento de la existencia de este lugar de valor natural.  “Nosotros les contamos que todo ese espacio verde nos permite respirar, disfrutar de temperaturas más frescas que en zonas más urbanizadas y el enorme valor ecológico que representa, los espacios verdes, el arroyo y las especies animales conviven en el sitio interrelacionándose en equilibrio, y su valor no sería el mismo sin alguna de esas partes”.

Nahuel, que argumenta con firmeza pero sin perder jamás la sonrisa, agrega: “El arte también surge como un método de expresión. Notamos en estos años tratando de sensibilizar a la comunidad, que el mensaje tiene que ser estudiado para ser difundido y comprendido, entonces la rama artística te ofrece un montón de herramientas con pocas palabras o con dibujos, pinturas, de una manera distinta”.

El arte y la naturaleza se encuentran en la primera línea de defensa de la Isla verde. Nahuel, que es jardinero de profesión, continúa: “Nos definimos como colectivo ambiental artístico porque consideramos que el proceso de sensibilización de los seres con su ambiente está intrínsecamente relacionado con lo que es el arte”. En el grupo hay otros jardineros, artistas, diseñadores, actrices, estudiantes de bellas artes, científicos y gente que “no tiene nada que ver con el ambiente este, pero fue sensibilizándose con la cuestión y al día de hoy están comprometidísimos”.
Él cuenta que lo que motiva a este grupo a seguir luchando para lograr su objetivo es el respeto al ambiente en que vivimos y la necesidad de proteger espacios verdes frente al avance del cemento: “Ante la necesidad de conservar ese espacio y las inexistentes políticas ambientales, es que dijimos nos organizamos. No queríamos llegar a tener 80 años y no haber hecho nada por este lugar. Conocimos a las aves que vivían ahí, conocimos a los reptiles y a los mamíferos, a los árboles, a los pastos y ese es el fuego interior que nos llevó a organizarnos, que nos mueve a ir de reunión en reunión y de un lado para el otro, a hablar con unas y otras personas, exponernos. Creemos que el fin más noble que una actividad puede tener es el bien común, entonces, ante eso, no hay medias tintas, no se puede ser tibio cuando se trata de la naturaleza y el bien común”.

LOS ÁRBOLES RESISTEN DE PIE

El abogado que patrocina a la agrupación Isla Verde nos pone al día con la causa. Se presentó un amparo que se fundamenta en tres puntos principales: el “dominio eminente” sobre el ambiente pertenece a la provincia de Buenos Aires, según el artículo 121 de la Constitución Nacional y el artículo 28 de la Constitución provincial, y en consecuencia, es deber de la provincia habilitar el funcionamiento del aeropuerto, siempre y cuando se evalúe que el mismo no produce daños ambientales, sin embargo, en ningún momento el estado provincial tomó cartas en el asunto y la habilitación corrió por sola cuenta del estado nacional.

Por otro lado, existe una gran cantidad de árboles que conforman un bosque dentro del predio, y estos no pueden tocarse hasta que la provincia cumpla con la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos (26.331) y los categorice como ordena la ley antes de disponer cualquier modificación. Por último, no puede haber aviones en un espacio donde hay tal cantidad de aves, como en este reducto natural.

La cámara civil y comercial federal de San Martín, que tiene a su cargo resolver este amparo, dictaminó a través del Juez Salas el día 28 de diciembre de 2019, que si bien por un lado considera que no existe urgencia para darle curso al amparo, ya que según entiende no está probado el daño sobre el ambiente, por otro lado, obliga al OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, que es la institución encargada de asuntos ambientales en la provincia) a que intervenga en este caso. Así, si bien no se dio curso a la medida que inhabilitaría el uso del aeropuerto, el abogado es optimista ya que entiende que el fallo reconoce que es la provincia la encargada de asumir la evaluación del riesgo ambiental, la obliga a cumplir con el mandato constitucional y dictaminar sobre los estudios de impacto ambiental sobre los que anteriormente no tuvo incidencia alguna.

Este año será clave ya que Isla Verde se conformó como asociación civil y pedirán formalmente la creación de la Reserva Natural y Comunitaria.